Castilla y León lanzó un plan para la caza del lobo. La Unión Europea le ha dicho que no tan rápido

El lobo ibérico vuelve a ser noticia. Y no en las secciones de ciencia y naturaleza, sino en la de crónica judicial, un terreno en el que lleva protagonizando titulares desde hace tiempo en la UE a cuenta del debate abierto en torno a su conservación y posible caza. En esta ocasión la novedad viene de lejos, de Luxemburgo, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de publicar una sentencia que concluye que Castilla y León incumplió la normativa comunitaria al aprobar un plan para la caza de más de 300 lobos. El fallo es interesante tanto por sus detalles como por el respaldo que da a la protección del lobo en España.

Las reacciones al dictamen no han tardado.

¿Qué ha pasado? Que el Tribunal de Justicia de la UE acaba de emitir una sentencia rotunda que refuerza la protección del lobo en España, tanto al sur del río Duero como sobre todo al norte de su cauce. Para ser más precisos, el TJUE ha tumbado una norma aprobada hace años por Castilla y León que permitió la caza de esta especie. El motivo: considera que vulnera la legislación europea.

Echando la vista atrás. Para entender el varapalo que acaba de dar el tribunal comunitario al gobierno castellanoleonés hay que remontarse a hace varios años, a 2019, cuando el Ejecutivo regional aprobó un plan para su territorio situado al norte del Duero que permitía dar caza a 339 lobos entre el 2019 y 2022.

Aquella decisión de considerar al lobo ibérico «especie cazable» al norte del río Duero llevó a la asociación conservacionista ASCEL a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que a su vez, ante las dudas que le generó la compatibilidad de la ley regional con la norma comunitaria, elevó tiempo después una consulta al TJUE. El tribunal ya se ha pronunciado. Y con firmeza.

«Es contraria a la directiva». Esa es la conclusión rotunda del TJUE. Tras examinar el caso, el órgano comunitario ha llegado a la conclusión de que la ley regional que declaró al lobo una especie cazable no se ajusta a la norma europea. En palabras del tribunal, «es contraria a la directiva» sobre hábitats.

Al exponer su razonamiento el tribunal europeo da además un tirón de orejas al Gobierno de Castilla y León, al que reprocha que al trazar su «controvertido plan» no tuvo en cuenta un informe reciente, de 2019, que advertía que la especie se encontraba en «un estado de conservación desfavorable» en el país.

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¿Importa ese matiz? Bastante. De hecho es una de las ideas fundamentales en las que se basa el TJUE, que expone un argumentario claro. Lo que dice el tribunal es que el lobo no puede declararse «especie cazable» en una región determinada de un país cuando su estado de conservación a nivel nacional es «desfavorable».

Y en este caso concreto, recuerda que hace cinco años España envió a la Comisión Europea un informe que concluía que, al menos durante el período 2013-2018, el lobo se encontraba en un estado de conservación «desfavorable-inadecuado» en las tres regiones que ocupa a en el territorio nacional (Mediterráneo, Atlántica y Alpina), «incluyendo las dos primeras Castilla y León», recalca el TJUE.

«Medidas de gestión». Otro de los conceptos sin los que no se entiende la sentencia europea. El tribunal europeo recuerda que, cuando surgió la polémica, en España las poblaciones de lobos no estaban en las mismas condiciones a una y otra orilla del Duero: al sur disfrutaban de «una protección rigurosa»; al norte del río tenían sin embargo «la calificación de especie animal de interés comunitario que puede ser objeto de medidas de gestión», lo que derivó en cupos de caza. En 2021 ese escenario cambió y la especie dejó de ser cinegética en todo el país.

Con todo, el argumentario del TJUE es interesante, sobre todo de cara al futuro, porque se detiene a valorar qué conlleva exactamente que una especie sea objeto de «medidas de gestión». «No implica que su estado de conservación sea favorable», advierte: «La finalidad de esas medidas debe ser mantener o restablecer la especie […]. Cuando incluyen normas relativas a caza, están destinadas a restringirla, y no a ampliarla. Por consiguiente, si es necesario, la caza puede incluso prohibirse».

Evaluaciones científicas y amplias. A la hora de valorar cuál es el estado de salud de las poblaciones de animales y decidir si se deben o no adoptar «medidas de gestión», el TJUE recuerda que hay que tener en cuenta ciertos requisitos. El primero son los informes elaborados por los Estados cada seis años y los «datos científicos más recientes». El segundo, que esas evaluaciones no pueden realizarse solo a nivel local. El tribunal insiste en que es necesario un enfoque mayor, que abarque «la región biogeográfica» o incluso ir más allá, a «nivel transfronterizo».

Primeras reacciones. Prueba del alcance y repercusión de la sentencia del TJUE es que no han tardado en surgir reacciones políticas. Desde el Gobierno de Castilla y León, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Suárez-Quiñones, insiste en que «nunca se ha cazado al lobo en Castilla y León si el estado de conservación era desfavorable». Cuando se actuaba, insistió, era con informes técnicos sobre el número de ejemplares y en las «mayores poblaciones de lobo del mundo».

Sobre el informe citado por el TJUE en el que se analiza la situación del lobo en España entre 2012 y 2018, Suárez-Quiñones cuestiona la precisión del documento. «Ese informe erróneo es del que parte el TJUE porque no le corresponde discutirlo […]. Se ha aportado datos que justifican y muestran que esto no es así. Ahora mismo el Gobierno está elaborando el siguiente, el 2019-2024, en el que sí ha pedido los datos de las comunidades autónomas», reivindicó el dirigente castellanoleonés en declaraciones recogidas por Diario de León.

Un debate más amplio. El debate en torno a la conservación y caza del lobo es mucho más amplio y se extiende a la Unión Europea. De hecho, el propio TJUE se pronunciaba hace poco sobre otro caso registrado en la región austriaca del Tirol y en el que se examinaba la orden la orden de sacrificio de un ejemplar. En España la discusión lleva tiempo abierta y ha colado en el ruedo político hace no mucho. En abril el PP logró que saliera adelante en el Congreso la toma de consideración de una propuesta para rebajar la protección y adaptarla al «estado de conservación», lo que sacaría al lobo de la lista de especies con protección especial, el Lespre.

Imágenes | AR Escuela Superior de Medio Ambiente (Flickr)

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por
Carlos Prego

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