Australia está tan desesperada por su crisis de vivienda que ha tomado una decisión: vetar las compras a extranjeros

Australia ha tenido una idea para solucionar (o paliar) la crisis de vivienda que arrastra desde hace tiempo: ponérselo difícil a los inversores extranjeros interesados en su mercado inmobiliario. Tanto a quienes quieran acaparar suelo como los que buscan casas ya construidas. La restricción ya se mira con cierta inquietud desde la India, origen de buena parte de la inmigración australiana, pero más allá de Oceanía o Asia interesa por otro motivo: su enfoque y objetivos.

Al fin y al cabo ni Australia es el único país en lidiar con una crisis residencial ni el suyo es el primer Gobierno en plantearse el veto a extranjeros. En España mismo ya se habla de limitar la compra a inversores de fuera de la UE, medida que en Barcelona plantean extender a ciudadanos comunitarios que no tengan intención de establecerse en la ciudad.

¿Qué ha pasado? Que Australia ha decidido adoptar «medidas drásticas» contra la compra de casas y tierras por parte de extranjeros, en palabras de su Gobierno. Hace unos días, a solo unos meses de las elecciones al Parlamento y con la vivienda convertida en una de las grandes preocupaciones del país, el Ejecutivo de Anthony Albanese anunció un plan «enérgico» para evitar que las operaciones desde el extranjero compliquen (aún más) el acceso a la vivienda a los australianos.

Su apuesta se basa en dos medidas: limitar o directamente vetar las compras desde fuera del país.

¿Qué plantean exactamente? Que los inversores extranjeros no puedan comprar casas ni apartamentos en Australia, aunque la medida lleva una letra pequeña importante. Para empezar porque se centra en las edificaciones ya existentes, no en las nuevas construcciones. Otra clave es que tiene fecha de caducidad. El veto durará solo dos años, entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2027, aunque las autoridades australianas ya avanzan que llegado el momento lo «revisarán» para valorar si debe prolongarse durante más tiempo.

«Hasta ahora a los inversores generalmente se les ha prohibido comprar propiedades existentes, excepto en circunstancias concretas, como cuando vienen a vivir para trabajar o estudiar», recuerda un comunicado emitido por el departamento de Clare O´Neil, ministra de Vivienda. «A partir del 1 de abril los inversores extranjeros ya no podrán comprar una vivienda existente en Australia mientras el veto esté vigente, a menos que se aplique una excepción».

¿Habrá excepciones? Por si quedasen dudas del alcance de la medida, las autoridades australianas recuerdan que la prohibición se extenderá también a los residentes temporales y empresas de propiedad extranjera. De hecho el veto ya ha despertado suspicacias en la India, de donde es habitual que partan jóvenes que se trasladan a Australia con la pretensión de formarse y buscar empleo.

Como recuerda la oficina de O´Neil la norma contempla ciertas excepciones, pero de forma «limitada» y orientadas a un perfil muy específico: las autoridades locales reconocen que lo que tienen en mente son las inversiones que «aumenten de manera significativa» el parque de viviendas o favorezcan su disponibilidad. Es decir, que el balance de la oferta de casas para los propios australianos sea siempre positivo.

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¿Es la única medida? No. El equipo de Albanese avanza que reforzará los controles para garantizar que se cumple la normativa y prestará una atención especial al «acaparamiento de tierras» en manos extranjeras.

«Estamos tomando medidas enérgicas contra la compra de terrenos por parte de inversores foráneos para liberar suelo y construir más viviendas con mayor rapidez», señala el Ejecutivo, que garantiza estar «esforzándose» para «identificar» a los inversores que compran terrenos vacíos, los urbanizan mientras suben los precios y luego los sacan a la venta.

¿Y cuál es el motivo? «Esta actividad infringe las normas y provoca retrasos en el desarrollo de urbanizaciones residenciales y comerciales que resultan esenciales», insisten desde el departamento de O´Neil. En el mismo comunicado presumen de hecho de la inversión que dedica a auditar y detectar esta clase de movimientos en el sector.

«Los inversores extranjeros que ya hayan adquirido o se propongan adquirir terrenos baldíos, residenciales o no residenciales, estarán sujetos a un mayor escrutinio para garantizar que cumplan las condiciones de desarrollo».

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¿Cuál es el objetivo? Facilitar el acceso a la vivienda entre los propios australianos y «garantizar» que la inversión extranjera en vivienda responde al «interés nacional». «La prohibición significará que los australianos podrán comprar casas que de otro modo habrían sido adquiridas por inversores extranjeros», presumen desde el Ministerio de Vivienda. «Se trata de aliviar la presión sobre nuestro mercado inmobiliario al mismo tiempo que construidos más casas».

Pero… ¿Funcionará? Esa es la gran incógnita, si la medida ayudará a descongestionar el mercado australiano. Las autoridades confían en que libere unas 1.800 propiedades al año que quedarán a disposición de compradores locales, pero The Telegraph cita a expertos que calculan que la nueva política no alcanzará ni al 0,4% del mercado inmobiliario. Es más, en 2022 los inversores extranjeros protagonizaron 5.360 compras de inmuebles residenciales y solo una pequeña parte de ellos (un tercio) eran viviendas ya existentes.

¿Tan grave es el problema? Para entender el plan del Gobierno de Albanese es tan importante comprender sus detalles como el contexto. Primero porque el plan se anuncia en un ambiente prelectoral y con la vivienda convertida en uno de los problemas que más inquieta a los australianos. Segundo porque el país lidia con un escenario complejo en materia residencial, marcado por el alza de precios, el desajuste entre la oferta y demanda, las dificultades para acceder a un hogar y la caída en inversión en vivienda social.

2024 se despidió con una ligerísima caída del 0,1% en los precios de la vivienda, pero desde el sector se advierte que probablemente se trate de una disminución «superficial y de corta duración». De hecho, maneja estudios que apuntan en el sentido opuesto. La pasada primavera Reuters realizó un sondeo entre analistas que revelaba que el aumento de precios de la vivienda se mantendrá probablemente hasta 2026.

Imágenes | Pat Whelen (Unsplash)

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por
Carlos Prego

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